El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza ha obligado a Banco Sabadell a anular un seguro de vida y un seguro de protección de pagos vinculados a la contratación de un préstamo hipotecario, por la compra de una vivienda.

Según la sentencia, considera que la entidad obligo al cliente a contratar un seguro de vida y un seguro de protección de pagos con compañías que pertenecen a su mismo grupo, cobrándole en ambos casos, la prima de forma anticipada. La sentencia dice que esto “beneficia claramente a la entidad bancaria y a su grupo empresarial, al obtener intereses sobre la prima, así como garantizarse una duración de los seguros por 20 años, imposibilitando el desistimiento del asegurado. Esto permite vislumbrar que la vinculación contractual del préstamo hipotecario es claramente abusiva y, por lo tanto, nula.”

La sentencia condena a la entidad a devolver la prima abonada más los intereses del contrato de Seguro de Vida y del seguro de Protección de Pagos, así como, impone al Banco el pago total de las costas.

Sin embargo, Javier Barbera, presidente del Consejo General de Mediadores, “es lamentable que se tenga que ir a los juzgados por un tema recurrente desde hace muchos años, mientras las administraciones, que tiene los mecanismos suficientes para evitarlos, y los bancos, que están dotados de unos estrictos sistemas de gobernanza, permanecen pasivos ante la situación. Los Colegios de mediadores vamos a seguir apoyando y personándonos en todas las causas de malas praxis que tengamos conocimiento y estén acreditadas”.

Medidas del Consejo General

El Consejo General vela por el buen ejercicio de la profesión, la defensa de la libre competencia y los derechos de los consumidores ante las malas prácticas de entidades financieras y de los propios mediadores.

De hecho, en los últimos meses ha abierto un canal de denuncia en su propia página web, donde consumidores y mediadores pueden poner en conocimiento de la organización cualquier práctica abusiva.

El Consejo General apoyó esta causa desde el principio llevando el caso a la Dirección General de Seguros y a los organismos correspondientes. Por su parte, el Colegio de Zaragoza ha respaldado pública y económicamente esta demanda en defensa de la legalidad.

También el Colegio de Jaén se ha personado en una demanda presentada contra un agente exclusivo de una aseguradora, que presuntamente habría estafado a más de 130 personas con un perjuicio económico de 3,4 millones de euros.