Los autónomos y pequeños empresarios son cada vez más conscientes del riesgo al que se enfrentan en el desarrollo de sus actividades profesionales, y necesitan cubrirse de estos riesgos para proteger a sus empleados, negocios, bienes y patrimonio personal.

En España hay registradas en la Seguridad Social 1.2 millones de pymes, actualmente 40.000 menos que en 2019 (fuente Cepyme), antes de que empezará el impacto de la pandemia. Y aunque en los últimos meses está creciendo el número de nuevas sociedades, la contracción permanece y hay que tener cuidado “agarrémonos porque vienen curvas”. Lamentablemente se prevé una intensa destrucción de tejido empresarial entre las empresas de menor dimensión debido a la mayor dificultad de estos perfiles profesionales para afrontar las crisis actuales y ajustarse a las nuevas condiciones de la demanda.

En el colectivo de autónomos los datos tampoco son buenos, en los primeros meses de este ejercicio la pérdida porcentual se está situando en un 0,5% superior al mismo periodo del ejercicio anterior (fuente ATA), y la principal causa de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) lo hicieron por cese de actividad.

Estas cifras apuntan la situación que viven las pymes y autónomos, y requiere la necesidad de incrementar los esfuerzos y políticas para construir un conjunto empresarial más fuerte y competitivo, capaz de afrontar mejor las crisis futuras y nuevos retos, y poder mantener los negocios y familias.

El seguro juega un importante papel en la protección de las empresas y autónomos, y como es evidente las aseguradoras deben tener en cuenta las nuevas necesidades de seguridad y riesgos emergentes. Entre los principales riesgos se encuentran las reclamaciones presentadas por terceros en el caso de que se haya incurrido en algún tipo de error o negligencia en el ejercicio de las actividades profesionales y los ciberriesgos debido al aumento del comercio online.

Cualquier empresa que realice trabajos para terceros debería analizar si tiene cubiertas correctamente las posibles reclamaciones que puedan presentar sus clientes o cualquier tercero, por los daños y perjuicios causados en los bienes (daños materiales) o la salud (daños personales), así como los perjuicios consecuenciales y daños patrimoniales primarios, debido a un error o negligencia en el desarrollo de su actividad profesional. En periodos de crisis económicas, las reclamaciones aumentan de forma importante.

La Ley 2/2007, 15 de mayo, de sociedades profesionales, establece que “es actividad profesional aquella para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar esta titulación oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. En el artículo 11.3 de la citada Ley también establece que “las sociedades profesionales deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en la que pueda incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social”.

Contar con una solución aseguradora de protección para este tipo de riesgos se hace cada vez más necesaria para mantenerse indemne. Dirigimos su oferta en esta modalidad de seguro a: asesores y consultores de energía y/o eficiencia energética, coach, consultores, agencias de marketing, agentes inmobiliarios, psicólogos/psicoanalistas, diseño gráfico, asesores de comunicación y prensa, traductores e intérpretes, mediadores de conflictos, peritos, community manager, freelancers o autónomos en general y entre otros.

Es muy interesante completar la póliza de seguro de Responsabilidad Civil profesional con una cobertura de riesgos cibernéticos que incluya las garantías de protección de datos, responsabilidad y pérdida cibernética. Más de la mitad de las empresas españolas han sido víctimas de un ciberataque. Esta realidad ha llevado a colocar los ciberataques como la mayor amenaza para las empresas, por delante de las pandemias, las crisis económicas o la escasez de personal cualificado.

Como conclusión, tanto pymes como autónomos han hecho un esfuerzo notable en estos dos años de crisis sanitaria y económica. Han sufrido lo negativo de la situación, pero las perspectivas de recuperación son buenas a pesar de la asfixia del momento actual que vivimos y que permanecerá latente a corto plazo por todas las consecuencias adversas que nos están tocando vivir (COVID-19, crisis energética, inflación, invasión de Ucrania, etc…) pero el seguro continuará al lado de los autónomos y pymes favoreciendo su estabilidad.

¿Riesgo cibernético como parte de los riesgos existentes en el desarrollo de la actividad profesional?

Los riesgos cibernéticos han venido aquí para quedarse y debido precisamente al tejido empresarial de nuestro país, las empresas más afectadas son las Pymes. Esto no sorprende teniendo en cuenta que, además, tras el COVID-19 muchas pequeñas empresas han tenido que reinventarse y operar, en mayor o en menor medida, a través de medios on-line.

Los números hablan por sí solos: el 51% de los ciberataques durante el año 2021 los sufrieron este tipo de organizaciones. Ataques que, desgraciadamente, son tremendamente habituales, difíciles de prevenir y cuyo coste económico, legal y reputacional es muy alto. Un ciberataque no se limita, como erróneamente se puede creer, a la “anécdota” de haber recibido un e-mail fraudulento por alguien que no se sabe quién es.

Un ciberataque tiene múltiples implicaciones y su abordaje debe realizarse a través de diversos ángulos. Los riesgos a los que se enfrentan las empresas atacadas son, entre otros, los siguientes: (i) riesgo tecnológico; (ii) riesgo operacional (con posibilidad de interrupción de negocio); (iii) riesgo legal de carácter administrativo derivado del incumplimiento de la normativa de protección de datos (RGPD); y, (iv) riesgo legal derivado de la responsabilidad civil profesional en la que pueda incurrir la entidad atacada al incumplir sus obligaciones como consecuencia del ciberataque.

«Centrándonos, por ejemplo, en el aspecto legal, una entidad atacada debe, en primer lugar y con carácter urgente, analizar ciertas decisiones, como por ejemplo: (i) valorar la interposición de una denuncia ante la policía en caso de que esté siendo víctima de una ciber extorsión; y, (ii) valorar las obligaciones legales relativas a la notificación de la violación de seguridad a la AEPD. Más allá de estas primeras y urgentes decisiones de evidente calado legal, habrá que realizar una serie de actuaciones que permitan minimizar el riesgo de una sanción administrativa por un eventual incumplimiento de la normativa de protección de datos. Asimismo, habrá que atender a las posibles reclamaciones que pueda recibir la empresa atacada como consecuencia de la imposibilidad de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales y que, por ejemplo, en el caso de una sociedad profesional, puedan dar lugar a una responsabilidad civil profesional».

Ser capaz de afrontar una situación de ciberataque desde el punto de vista de IT, dar cumplimiento a las obligaciones legales derivadas del incidente y, a su vez minimizar la exposición a responsabilidades administrativas y civiles, es esencial. Por ello, las coberturas adicionales de ciber riesgos (insertas, por ejemplo, en una póliza de responsabilidad civil profesional) permiten a las empresas estar más protegidas y contar con apoyo en estas difíciles situaciones en las que el propio funcionamiento de la empresa se ve seriamente alterado.

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